lunes, 3 de agosto de 2009

Mi opinión sobre el Proyecto de Ley de Venta de Vehículos


Este leguleyo, finalmente, logró ubicar el texto del famoso “Proyecto de Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Nuevos y Usados Nacionales o Importados” que la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional (Sub Comisión Especial que Investiga las Irregularidades Cometidas por Algunos Concesionarios en la Venta de Vehículos), ha presentado a la Asamblea Nacional para su discusión.

Este proyecto de Ley que se está manejando en la Asamblea Nacional, me mueve a algunas reflexiones, tan leguleyas como simples:

Eso de que un señor de la Asamblea Nacional, por más amoroso que pueda ser él, decida cuándo, cómo y a qué precio puedo comprar o vender un vehículo, no cuadra muy bien en mis leguleyos esquemas mentales. Las disposiciones, contenidas en el proyecto de ley comentado, circulan a exceso de velocidad en mi leguleyo cerebro sin que puedan ser asimiladas por él, chocan una y otra vez contra las barandas del derecho a la propiedad, se comen la flecha de la prohibición de aplicar impuestos confiscatorios, se llevan por delante al principio de irretroactividad de la ley y se pasan imprudentemente las luces rojas rojitas de los semáforos del derecho a la libre empresa, sin que, hasta ahora, fiscal de tránsito alguno se digne detenerlas para aplicarles las correspondientes multas por las infracciones cometidas.

Tengo que admitir que, ciertamente, intentar la compra de un vehículo nuevo en este país, viene siendo, por decir lo menos, un verdadero calvario para el consumidor. Las interminables listas de espera, la incertidumbre, los precios de vehículos en constante aumento (han llegado a ser verdaderamente exhorbitantes) y, en fin, todos los vericuetos y obstáculos que cualquier consumidor debe superar para poder adquirir un carro nuevo, pueden hacer del asunto, una pesadilla.

En opinión de este humilde leguleyo, el verdadero problema de fondo, que no será resuelto con esta ley en ciernes, consiste en que existe una gran desproporción entre la oferta de vehículos y la demanda de estos bienes en el mercado nacional, es este el verdadero inconveniente que venimos padeciendo.

El problema de la sub-oferta de vehículos no es nuevo entre nosotros, lo tenemos desde hace años. Uno de los factores que más han contribuido para su aparición es la desinversión que se ha venido instalando en el sector industrial del país como consecuencia de factores de tipo político y económico cuyo análisis no es el objeto de estas líneas.

En el ámbito de una sociedad con un marco jurídico-económico basado en los principios de transparencia, lógica, sana competencia e igualdad de condiciones y oportunidades para todos, la reacción a una situación de sub-oferta o sobredemanda de vehículos (o de cualquier otro bien de consumo), sería el incremento de la producción de estos bienes hasta lograr un deseable equilibrio, balanceando a la oferta con la demanda, con la consiguiente racionalización y estabilización de los precios finales. Esto, de pasada, generaría el impulso de industrias conexas, elevaría el número de puestos de trabajo en el país aumentando el índice de empleo formal, impactaría positivamente el nivel de ingresos y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la población, reforzaría el ingreso tributario del país y, adicionalmente, eliminaría de raíz y como por arte de magia los inconvenientes de la especulación, ya que habrían suficientes vehículos para quienes los quisieran comprar. ¿No les parece? Entonces, ¿Por qué esta solución, que en apariencia es tan simple, no se aplica en Venezuela? Las razones, en nuestro particular caso, son numerosas y variadas, su atención y dimensiones requieren más que una simple ley, es necesaria una Política de Estado.

De manera general, podríamos considerar que elevar el nivel de producción de nuestro parque industrial automotriz de forma tal que el número de vehículos fabricados pueda responder razonablemente a la ávida demanda actual de los consumidores, supone una importante inversión de capitales que se producirá solo si existe un mínimo requerido de estabilidad política, social y económica, además de seguridad jurídica con garantía de reglas claras no sujetas a intempestivos cambios de orientación. Saque usted cuentas…!

Desde mi leguleyo punto de vista, nuestros Diputados deberían repensar su acción legislativa para hacerla más profunda en el ataque a las verdaderas causas de los problemas del ciudadano, promoviendo incentivos que hagan atractiva la actividad industrial en el país. Deberían orientar su actividad al logro de un marco jurídico que aliente, incentive y premie, entre otras muchas cosas, la inversión con generación de empleos, la producción y la productividad, no solo en el ámbito de las ventas de vehículos, sino en todos los ámbitos de la actividad comercial e industrial del país. Ellos deberían estimular, a través de la creación de normas legales sensatas y coherentes, la industrialización del país para que podamos responder de forma eficiente a situaciones similares a la planteada por las características de funcionalidad industrial y comercial del actual mercado automotriz venezolano.

El conjunto de normas que se incluyen en el proyecto de ley comentado solo ataca síntomas del problema, como pueden ser ciertas acciones especulativas por parte de algunos comerciantes, pero se aparta de la solución del verdadero inconveniente, conformado por el hecho de que existe mucha demanda y poca oferta de vehículos en nuestro país. Esa es la realidad en este asunto, una circunstancia objetiva del mercado y no otra cosa.

Con políticas legislativas de características como las que nos asoma el proyecto de ley de venta de vehículos, pronto tendremos propuestas como una ley para regular la venta de zapatos, otra ley para regular la venta de equipos de computación, quizás una ley que dicte normas para prevenir el abuso de los comerciantes en la comercialización de relojes, muebles, electrodomésticos, alfombras, libros, vestidos, etc. ¿No nos es suficiente la "Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios"? (Que ya es bastante apretada, dicho sea de paso). ¿Se imaginan los efectos que esta tendencia podría tener en nuestra economía?

En fin... A pesar de una eventual aprobación de este nuevo proyecto de ley, para convertirlo en norma de obligatorio cumplimiento, pienso que las listas de espera seguirán siendo protagonistas en las agencias de carros, continuarán presentándose (y aprovechándose) oportunidades para la especulación y el consumidor seguirá, como siempre… con las tablas en la cabeza…

!Un leguleyo saludo…!

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