martes, 2 de marzo de 2010

Mea Culpa...

Escribir es, en mi particular experiencia, una excelente terapia. Por esta vía logro cierto nivel de relax intelectual y consigo estructurar más fácilmente pensamientos e ideas sobre temas específicos. Además, escribiendo, puedo disipar las energías negativas que son consecuencia lógica de mi inconformidad con el actual devenir de nuestro país.

En esta oportunidad, mi terapia ocupacional me permite expresar rechazo a un cierto tipo de afirmaciones que se hacen muy comúnmente, a la ligera y como quien no quiere la cosa. Son de esas que de tanto escucharlas o leerlas, terminamos por aceptarlas como válidas cuando, en realidad, no lo son. Al menos no en todos los casos.

Las afirmaciones a las cuales me refiero, pueden ser empleadas para referir alguna supuesta característica poco virtuosa de algún gentilicio y pueden también conllevar, como elemento camuflado, un cierto reclamo dirigido a la ciudadanía. Estas expresiones, injustas por generalizantes y absurdas, adquieren una dimensión particularmente preocupante cuando son deliberadamente empleadas desde el Poder Público con fines de manipulación social, orientada a crear en la ciudadanía una indebida sensación de culpa por circunstancias que la afectan negativamente.

En estos tiempos es frecuente escuchar, de altos funcionarios públicos, dichos como éstos: “La seguridad es responsabilidad de todos”, la escasez de tal o cual producto se debe a “compras nerviosas”, “No derroches el agua”, “No malgastes la energía eléctrica”, etc. Nótese que las expresiones indicadas conllevan, de forma velada, un cierto reproche. A usted lo asaltan por que sale a la calle después de las 7 de la noche, es su culpa por imprudente; le roban su vehículo debido a que lo anda exhibiendo de manera descarada, recuerde: Es malo tener dinero para gastar en corotos innecesarios; no consigue leche o azúcar en los mercados por que compra demasiado, usted practica el derroche; no tiene agua ni luz por que malgasta furiosamente y, por eso, debe ser sancionado.

Cuán absurdo! En Venezuela los derechos de libre tránsito y a la seguridad personal están garantizados por la Constitución, al igual que el uso, goce y disfrute de los bienes que son de su propiedad. También está amparada constitucionalmente la libertad de comprar para su familia los alimentos que considere necesarios ó, según su real gusto, convenientes. Adicionalmente, debe tenerse presente que en nuestro país petrolero, los racionamientos de energía eléctrica solo son posibles gracias a la imprevisión y falta de gerencia de los responsables de la generación y distribución de este recurso y de quien los colocó en sus puestos, no son culpa de “El Niño”. Otros países de nuestra región, que carecen de los ingentes recursos que ha tenido Venezuela, no confrontan actualmente problemas de racionamiento eléctrico.

Es claro que la estrategia empleada por los funcionarios públicos cuyo trabajo es velar por que usted tenga seguridad personal, acceso a los alimentos que requiere su familia y a los servicios públicos básicos, es disimular su propia incompetencia diluyendo sus responsabilidades entre los ciudadanos que conformamos la sociedad a la cual deben atender. Así, el colectivo ciudadano queda condenado a servir como útil solvente en el cual se diluye la responsabilidad del funcionario, “servidor público” que, por cierto, ha sido contratado o designado por esa misma colectividad para lograr la solución de los problemas que la aquejan.

La mecánica de tan cínica y manipuladora estrategia es sencilla: Como son incapaces de resolver los problemas planteados, estos “servidores públicos” optan por endilgarnos a cada uno de nosotros, los ciudadanos comunes, una pequeña porción de la culpa por los problemas que se están confrontando. De esta manera, cada ciudadano, cada uno de nosotros, debe cargar con su mínima cuota parte de la responsabilidad. De pronto, sin darnos cuenta y como por arte de magia, terminamos aceptando que el problema padecido tiene su único origen en nuestra falta de conciencia, en nuestro alocado e irresponsable proceder, y hasta comentamos: “¡Cuánta razón tiene este funcionario público!” Tienen razón el Presidente, el Ministro, el Gobernador, el Alcalde, el administrador de justicia, el jefe policial, el director del instituto y pare usted de contar… Entonces, comenzamos a sentir remordimiento colectivo. La culpa es nuestra, debemos pagar las consecuencias. Golpes de pecho masivos… Mea Culpa.

Listo! El efecto buscado por el habilidoso “servidor público” a través de su manipulación discursiva se ha materializado. Culpa diluida, responsabilidad diluida. Somos tantos culpables que, en realidad, no hay culpable alguno; somos tantos responsables que no hay responsable alguno. Mucho menos el funcionario público, que ha sido designado por los ciudadanos para solucionar los problemas colectivos referidos. Claro! ¿Cómo va a cargar ese pobre señor “servidor público” con la responsabilidad de situaciones de las cuales somos tantos los culpables? ¡Sería injusto! El cumple con su deber: ¡Hacernos ver lo grave de nuestras faltas, de nuestros pecados!

Solo nos queda darnos golpes de pecho y expresar repetidamente: Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Máxima Culpa….

¿Hasta cuándo vamos a seguir en éso?



sábado, 2 de enero de 2010

Separación de Poderes, Estado y Autoritarismo


¿La separación de Poderes debilita al Estado? La respuesta es un rotundo ...No...! La separación de poderes, lejos de debilitar al Estado, lo fortalece en su dimensión funcional que no debe ser otra que proteger y servir al ciudadano. La división de poderes constituye, de hecho, un necesario freno a los gobiernos, a fin de evitar que ejerzan el poder de forma arbitraria. El principio de división de poderes no es contrario a la obligación que, conforme a la Constitución venezolana, tienen los poderes públicos de cooperar entre ellos. Tal cooperación debe realizarse dentro del marco de los principios y preceptos contenidos en nuestra Carta Magna y en las leyes de la República. De manera que los principios de división o separación de poderes y cooperación entre poderes son afines y complementarios y, en conjunto, tienden a profundizar el estado de derecho, las garantías inherentes a la condición de ser humano, las libertades ciudadanas y la democracia.

Si bien es cierto que los principios constitucionales que sirven de base y de marco a la actuación de los Poderes Públicos deben mantenerse actualizados con las necesidades de los tiempos presentes, también lo es que tales principios deben mantener su orientación de servir al ciudadano amparándolo contra eventuales atropellos que puedan venir tanto de otros ciudadanos como desde las estructuras mismas del poder gubernamental. Anular o disminuir el principio de la independencia y separación de poderes en supuesto beneficio del principio de cooperación entre los mismos poderes, no cumpliría con este objetivo, al contrario, lo haría lejano e inalcanzable.

Sin entrar en consideraciones demasiado jurídicas, debe tenerse presente la naturaleza trascendente del Estado como forma social, política y jurídica de organización del ser humano, en contraposición con la naturaleza temporal de los gobiernos. Los gobiernos no son más que una expresión del Estado, limitada en el tiempo y conformada por el conjunto de organismos y personas que de forma pasajera, ejercen el poder de manera legítima. Al menos así debe entenderse en sociedades dirigidas por líderes de talante democrático en las cuales la alternabilidad  de gobiernos, producto del voto popular, es la regla y no la excepción. Este ejercicio temporal del poder por parte de quienes integran el gobierno, supone profundas responsabilidades para con el Estado mismo, en el sentido de que deben preservarse ciertos principios y garantías fundamentales tales como el derecho a la vida, la justicia, la libertad, la igualdad, la democracia y, de forma amplia,todos aquellos principios inherentes a la protección y al desarrollo los derechos humanos. Es justamente ahí donde el principio de separación de poderes juega un papel importante, por su estrecha relación con la garantía de goce de derechos fundamentales, inherentes a la condición humana.

Vale aquí, una breve referencia histórica. Las ideas precursoras de la doctrina de la separación o división de poderes nos llegan desde Aristóteles, pasando por Locke, hasta llegar a Montesquieu quien la perfecciona en su obra "L´Espirit Des Lois" (El Espíritu de las Leyes) terminada en el año 1.748 y en la cual escribe:

"Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene el poder, es conducido a abusar del mismo. Para que no pueda abusar del poder, es necesario que por la misma disposición de las cosas, el poder contenga al poder"

Desde hace más de dos siglos el ser humano sabe, a ciencia cierta, que la acumulación excesiva de poderes en manos de una sola persona o de un solo órgano de poder, atenta contra las libertades ciudadanas, es hondamente antidemocrática y conduce inevitablemente al totalitarismo.

El principio de separación de poderes, por el cual se regulan las competencias del poder público y se establecen cuáles son las ramas del mismo encargadas de ejercer cada una de ellas, constituye un principio garantista para la efectiva vigencia de derechos humanos y un dique de contención a la concentración de todas las competencias (de todo el poder) en una sola rama del Poder Público (generalmente es el Poder Ejecutivo, a través de sus representantes) que siempre desemboca en el ejercicio autocrático del poder.

Cuando los intereses de un "gobierno de turno" se anteponen a los supremos intereses del Estado, se produce un especie de confusión por la cual se asume, erróneamente, que Estado y Gobierno son la misma cosa. Esta categoría de confusión, que en unas oportunidades es producto de la ignorancia y, en otras, consecuencia de perversas y diabólicas manipulaciones, ha propiciado, en distintos lugares del mundo y en diferentes épocas de la historia, el establecimiento regímenes dictatoriales y violadores de derechos humanos, precariamente fundamentados en marcos normativos y jurisprudenciales de dudosa juridicidad y legitimidad.

Las declaraciones de la Magistrada y Presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales y de otros representantes del máximo órgano jurisdiccional del país, publicadas en la prensa nacional a finales del pasa año, me resultan extremadamente graves, en primer lugar por la importancia del tema al cual están referidas, que toca las bases más profundas del funcionamiento del sistema jurídico del país y, en segundo lugar, por la alta investidura de los cargos que ejercen. Ellos deberían aclarar cual es el real alcance de sus dichos.

¿Qué se proponen? ¿En verdad planean acabar definitivamente con la separación de poderes en Venezuela? Ya veremos...